El Gobierno nacional oficializó la concesión del área de excursiones náuticas en el Parque Nacional Iguazú
Se trata del sector sobre el río Iguazú desde donde parten los paseos a la Garganta del Diablo. La medida reaviva el debate sobre la privatización de servicios en áreas protegidas.
El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas la concesión comercial de uno de los sectores de mayor afluencia de visitantes dentro del Parque Nacional Iguazú. La medida abarca el área operativa ubicada a orillas del río Iguazú, espacio estratégico utilizado como punto de embarque y partida para las excursiones náuticas que se dirigen hacia la Garganta del Diablo, el salto más imponente y concurrido del atractivo turístico misionero.
La adjudicación del servicio fue otorgada a la firma La Gran Aventura Náutica SRL, una empresa que ya operaba en el lugar realizando paseos y prestaciones vinculadas al turismo de aventura. La decisión administrativa se concretó en un contexto institucional particular para la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que actualmente atraviesa un proceso de reducción de estructura, recorte de personal y la apertura de un esquema de retiros voluntarios para sus trabajadores.
Polémica por la gestión de áreas protegidas
La oficialización de esta concesión reencendió la discusión pública respecto al modelo de administración del patrimonio ambiental del país y el avance de capitales privados en el manejo de servicios dentro de los parques nacionales.
Por un lado, representantes del Poder Ejecutivo nacional argumentaron que este tipo de contrataciones busca optimizar la calidad de los servicios turísticos, mejorar la infraestructura de atención a los visitantes y generar esquemas de gestión más eficientes sin resentir las arcas públicas.
Por otro lado, diversos sectores de la comunidad ambiental, trabajadores de la APN y agrupaciones conservacionistas manifestaron su preocupación ante el riesgo de que la primacía de criterios comerciales afecte la preservación de los ecosistemas protegidos y reduzca la capacidad de control directo por parte del Estado nacional en uno de los monumentos naturales más relevantes del mundo.
