El laberinto judicial del caso $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi apartó a los querellantes y el expediente queda al borde de la impunidad
En un polémico fallo dictado en plena fiebre mundialista, la Justicia penal corrió a los damnificados. La fiscalía admitió que no cuenta con presupuesto ni tecnología para investigar el fraude crypto.
Transcurrido casi un año y medio desde que la primera denuncia por el colapso del "memecoin" $LIBRA llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, el expediente judicial se encamina hacia un escenario de parálisis virtual. En una resolución firmada este domingo, horas antes de que la atención pública se centre en el próximo cruce de la Selección Argentina, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el apartamiento de todos los querellantes particulares de la causa, dejando la totalidad de la carga de la pesquisa en manos de un Ministerio Público Fiscal (MPF) que ya reconoció formalmente no tener recursos técnicos ni presupuesto para avanzar.
El derrotero del expediente expone las severas deficiencias del sistema judicial para abordar delitos económicos complejos en entornos blockchain. A lo largo de dieciocho meses, la causa pasó por las manos de cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, sin que hasta la fecha se haya citado a prestar declaración a los testigos directos de la operatoria corporativa ni se hayan ordenado las declaraciones indagatorias de los principales sospechosos.
Fundamentos controversiales y adelantamiento de opinión
La resolución del magistrado respondió de forma directa a un planteo técnico articulado por la defensa de uno de los principales acusados, Mauricio Novelli. El juez Martínez de Giorgi dedicó más de quince páginas a fundamentar que los denunciantes particulares no lograron acreditar de manera fehaciente su condición de inversores directamente perjudicados por el desplome de la criptomoneda activa en febrero de 2025.
Sin embargo, el fallo ingresó de lleno en una discusión de fondo que excede la mera legitimación procesal de las partes. Al argumentar que el derrumbe patrimonial sufrido por los usuarios podría responder a la volatilidad intrínseca y la falta de regulación de los mercados de criptoactivos ("memecoins") antes que a una maniobra fraudulenta, el magistrado convalidó la principal hipótesis defensiva de los desarrolladores del proyecto, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, adelantando opinión sobre el objeto principal de la instrucción penal.
La resolución impone asimismo una carga probatoria desproporcionada sobre los damnificados particulares, exigiéndoles demostrar la trazabilidad exacta de sus transacciones, la titularidad de sus billeteras digitales y el origen de sus fondos personales. Dicha determinación transfiere a las víctimas obligaciones de investigación criminal que le competen exclusivamente a las estructuras del Estado a través de peritajes especializados, mandamientos internacionales y exhortos de cooperación internacional.
Una contradicción procesal evidente
El fallo exhibe una ostensible paradoja jurídica que promete ser el eje central de las apelaciones ante la Cámara Federal. El propio magistrado admitió de forma textual en su resolución que la investigación penal aún no logró individualizar la identidad de los titulares de las billeteras involucradas ni reconstruir el circuito financiero de los fondos desviados. De este modo, la resolución descarta la condición de víctimas de los inversores basándose en la falta de evidencias técnicas que el propio juzgado y la fiscalía debieron producir y coordinar a lo largo del proceso general.
Esta decisión colisiona frontalmente con el criterio sentado previamente por la propia Cámara Federal, tribunal que meses atrás había ratificado la plena intervención de las querellas particulares en el expediente. En aquella instancia, la Alzada fijó que cualquier revisión sobre la legitimidad de los acusadores privados debía sustanciarse con posterioridad a la producción de peritajes informáticos de alta complejidad técnica sobre el entramado blockchain, medidas que la instrucción aún mantiene pendientes de ejecución.
Falta de recursos técnicos y advertencias de impunidad
El vaciamiento de los acusadores privados se produce en un escenario crítico para la acción penal pública. El Ministerio Público Fiscal dejó constancia fehaciente en los registros del expediente que carece de las licencias informáticas, el software forense y el presupuesto operativo indispensable para rastrear transacciones en redes descentralizadas. Sin el impulso procesal de las querellas particulares, la viabilidad de la causa ingresa en una etapa de extrema vulnerabilidad.
En este contexto, expertos en criminalidad financiera expresaron su profunda preocupación por las implicancias del fallo. Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) —organismo que interviene bajo la figura jurídica de amicus curiae—, advirtió con firmeza: "La decisión de apartar a los querellantes en el caso $LIBRA, sumado a las demoras del fiscal en impulsar medidas clave como la indagatoria de las máximas autoridades involucradas, debilita el avance del proceso penal y genera serios riesgos de impunidad". Desde el organismo confirmaron que, a pesar de la resistencia corporativa de los operadores judiciales de Comodoro Py, continuarán ejecutando un estricto seguimiento técnico para lograr el esclarecimiento total de las maniobras defraudatorias y determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública.
Hasta el momento, la instrucción penal ha eludido convocar a testigos esenciales de la operatoria cotidiana de la firma, entre los que se encuentran los especialistas y técnicos Jeremías Walsh, Ariel Parkinson y el consultor de origen español Arturo Osete Herraiz. Solo se han incorporado testimonios académicos tangenciales, como el del analista tecnológico Maximiliano Firtman, relegando las medidas de fondo indispensables para determinar si la estructura de $LIBRA constituyó una estafa piramidal planificada a gran escala. Con una fiscalía desprovista de herramientas tecnológicas y los damnificados expulsados del expediente, el destino judicial de la causa proyecta sombras de impunidad definitiva.
