La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal” en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Bettina Angeletti se registró en el mecanismo de regularización impositiva de la ARCA. La Justicia investiga los bienes de la familia, entre los que se encuentra una lujosa propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.
Días antes de que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Según consta en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el trámite fue ingresado el pasado 31 de mayo bajo el CUIT 27-29865407-0, acogiéndose a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025.
Este esquema permite a los contribuyentes declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin afrontar sanciones penales ni antecedentes impositivos. La medida genera un fuerte impacto político y judicial, ya que se convertirá en un elemento clave dentro de la investigación criminal por presunto enriquecimiento ilícito que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py, radicada en el juzgado de Ariel Lijo y bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita.
El desfase impositivo y la lupa judicial
Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”, desempeñándose durante años bajo el régimen de monotributo. Sin embargo, no formalizó su inscripción en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a las Ganancias hasta octubre de 2025. Para esa fecha, Adorni ya ejercía como funcionario público de primera línea y ambos integraban la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
El ingreso al régimen de "inocencia fiscal" habilita una declaración jurada simplificada que elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales (el llamado "monto consumido"), limitándose a declarar ingresos, gastos y deducciones. Si bien el secreto fiscal impide conocer públicamente los montos regularizados o el origen de los fondos, la legislación advierte que este beneficio se restringe estrictamente a lo impositivo y no obstaculiza la investigación judicial ni exime de delitos vinculados al lavado de activos.
El vínculo con Exaltación de la Cruz y los gastos bajo sospecha
La investigación judicial sobre el patrimonio familiar incluye la lupa sobre millonarias operaciones inmobiliarias, de las cuales una toca de cerca a nuestro distrito. Entre los bienes analizados se encuentra una casa en el country Golf Club Indio Cúa, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Por dicha propiedad, el matrimonio habría abonado en 2024 la suma de US$ 20.000 en efectivo, asumiendo una hipoteca por US$ 100.000 con una policía retirada y su hija, quienes declararon ante la Justicia que el funcionario aún les adeuda US$ 70.000. A esto se suma la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber percibido US$ 245.000 en efectivo y sin facturar por las reformas realizadas en la vivienda del mencionado country local.
El expediente también investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por US$ 230.000, viajes al exterior (Aruba, Punta del Este y España) por un valor de US$ 27.658, y deudas de palabra con desarrolladores inmobiliarios. Asimismo, registros reservados del Banco Central (BCRA) revelaron que durante el año 2025, la pareja acumuló consumos con tarjetas de crédito por más de $85,1 millones (un promedio de $7,1 millones mensuales), una cifra que colisiona con el sueldo bruto del jefe de Gabinete, que ascendía a $3,5 millones por mes, mientras su esposa figuraba aún como monotributista.
