Presentaron en el Congreso Nacional una Ley de Emergencia ante el vaciamiento de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento
Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Ocupacional, Productiva y Social en los Partidos de Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Salto y Exaltación de la Cruz, tras la paralización sorpresiva de la principal empresa avícola del país.
La iniciativa presentada por la colonense Fernanda Díaz busca sostener durante 180 días —con la posibilidad de ser prorrogables por el mismo plazo mediante una nueva ley— a los trabajadores, productores integrados, proveedores, transportistas, comercios y municipios de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires que quedaron en una delicada situación económica y social.
El proyecto, acompañado por Agustina Porpato y otros diputados, surge a partir de una comunicación que los trabajadores recibieron el mismo lunes 31 de agosto al momento de presentarse en su lugar de trabajo en la planta Cahuané que la empresa Granja Tres Arroyos tiene en Capitán Sarmiento, donde trabajaban unas mil personas y que constituía unas de las principales fuentes de trabajo industrial en la región.
El impacto no se limita a los empleados directos, alcanza también a alrededor de 120 criadores integrados, además de proveedores, transportistas y pequeñas empresas que dependían de esa cadena productiva.
Las diputadas por la provincia de Buenos Aires, enmarcan la iniciativa en un contexto de creciente desprotección hacia el entramado productivo del interior, y cuestionan que el Estado Nacional no haya dispuesto ninguna medida de asistencia para las comunidades afectadas. Sostienen que la respuesta ante situaciones de esta magnitud no puede limitarse a la inacción, por eso desde el Congreso exigen intervenir de manera urgente para proteger el entramado productivo.
El proyecto contempla una asistencia mensual no remunerativa equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores afectados, la continuidad de la cobertura de salud, asistencia alimentaria y psicosocial, una moratoria impositiva y previsional de 180 días para productores y pymes, la prohibición de cortes de servicios públicos por falta de pago, y líneas de crédito con tasas bonificadas. También crea un Fondo Especial de Asistencia y Recuperación y un Comité de Emergencia con participación de sindicatos, productores, municipios y la Provincia, además de un programa específico destinado a preservar la capacidad industrial instalada para evitar que la planta paralizada se convierta en una pérdida irreversible.
Díaz y Propato remarcaron que el objetivo del proyecto no es intervenir en el conflicto entre la empresa y sus trabajadores, cuya resolución corresponde a la Justicia y a la autoridad laboral, sino evitar que miles de familias, productores y los municipios afectados paguen en soledad las consecuencias de una crisis que no generaron.-
