A ocho meses del cierre de ILVA, los trabajadores despedidos enfrentan una situación límite
Los 300 ex operarios de la planta de Pilar siguen sin percibir sus indemnizaciones ni haberes adeudados. Este 1° de mayo organizan un locro solidario para sobrevivir.
El pasado 29 de agosto, la fábrica de porcellanato ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, cerró sus puertas de manera sorpresiva, dejando a 300 familias sin su fuente de ingresos. Al cumplirse ocho meses de aquel día, el conflicto permanece estancado: los trabajadores continúan sin haber percibido un solo peso en concepto de indemnizaciones o sueldos adeudados.
Frente a la falta de respuestas, los afectados se organizaron para subsistir. Mientras algunos han logrado realizar pequeñas tareas independientes o “changas”, otros enfrentan las dificultades de un mercado laboral que, según denuncian, les da la espalda por su franja etaria. “Nos quedamos fuera del sistema laboral”, lamentó el delegado Marcelo Barrionuevo, quien recordó que muchos de ellos ingresaron a la empresa en su juventud y fueron despedidos superando los 45 años.
La resistencia en los portones Desde el inicio del conflicto, los trabajadores han mantenido una presencia constante en la puerta de la planta, bloqueada con candados. El objetivo del acampe fue, inicialmente, buscar la reapertura y, posteriormente, impedir cualquier intento de vaciamiento que comprometa el patrimonio de la firma para el pago de los créditos laborales.
Las medidas de fuerza han sido diversas: desde escraches a directivos hasta cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, la angustia se ha profundizado tras la reciente y trágica noticia del fallecimiento de uno de los compañeros, Javier López, quien se quitó la vida esta semana, sumando un drama irreparable a una situación de vulnerabilidad extrema.
Locro solidario en un día de lucha Este viernes 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, los ex empleados de ILVA realizarán un locro solidario. La iniciativa tiene un doble objetivo: compartir un plato de comida entre las familias que atraviesan una situación crítica y visibilizar públicamente un conflicto que, a ocho meses de distancia, sigue sin encontrar una solución judicial o empresarial.
La comunidad, lejos de celebrar, mantiene su exigencia de respuestas concretas al juez Hernán Papa, encargado de la convocatoria de acreedores, con la esperanza de poder cobrar lo que les corresponde por ley y cerrar un capítulo de incertidumbre que ya ha cobrado un costo humano demasiado alto.
