Ley de Tierras: la letra chica del proyecto que impulsa el Gobierno y el debate sobre la soberanía territorial
Patricia Bullrich defendió la reforma en el Senado destacando el límite del 25% por provincia, pero la iniciativa elimina topes clave por comprador y por nacionalidad.
En el marco de la discusión legislativa por la reforma de la Ley de Tierras, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó la defensa del dictamen oficialista junto a los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto. La iniciativa busca flexibilizar el régimen vigente para la compra de campos rurales por parte de extranjeros bajo el argumento de promover la llegada de inversiones.
Durante su exposición, Bullrich rechazó las críticas sobre una hipotética pérdida de soberanía territorial: "Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía", afirmó. Para ilustrar su postura, la exministra de Seguridad citó el caso de la bodega Chandon en Mendoza, señalando que la presencia de una firma de origen francés no transforma al territorio mendocino en propiedad de otro Estado.
Para atenuar las objeciones, la senadora destacó las modificaciones incorporadas al dictamen, entre las que sobresale el mantenimiento del límite del 25% de la superficie rural de cada provincia para la titularidad extranjera, así como la exigencia de autorización estatal para empresas con participación de Estados extranjeros.
Los controles que desaparecen en la "letra chica"
Sin embargo, detrás del tope general del 25%, el nuevo texto introduce un cambio de paradigma al derogar ocho artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011. La modificación más sustancial radica en la eliminación del artículo 10, el cual fijaba un límite máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o equivalente según productividad) por cada propietario extranjero. Con su supresión, un único comprador podrá adquirir extensiones de tierra sensiblemente mayores, siempre que no exceda el porcentaje provincial.
De forma paralela, el proyecto deroga el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de la tierra en manos extranjeras. Al anularse esta restricción, un solo país o grupo corporativo internacional podría acaparar la totalidad del cupo asignado a inversores foráneos en un distrito.
El nuevo artículo 3 invierte la lógica de la norma: mientras la legislación actual consagra una autorización general supeditada a un abanico de límites, la propuesta oficialista pasa a un esquema donde la compra está permitida salvo en cuatro excepciones explícitas:
- Prohibición para Estados extranjeros.
- Autorización previa para empresas con participación estatal extranjera.
- Techo del 25% de la superficie rural por provincia.
- Mantenimiento de los controles en zonas de frontera.
El conteo de votos y la ausencia de Villarruel
El oficialismo asegura contar con 36 votos garantizados para lograr la aprobación en la Cámara alta. En caso de producirse un empate, la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendría la facultad de desempatar a favor del proyecto.
La sesión estará marcada por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asumirá temporalmente la jefatura del Poder Ejecutivo debido a la gira internacional del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. La postura de la titular del Senado cobra relevancia política por haber manifestado previamente reparos hacia la flexibilización del régimen territorial al señalar que no estaba dispuesta a "rifar el país".
